Más de 100 millones de personas usan Snapchat todos los días porque se sienten libres de divertirse y expresarse. Nos tomamos en serio la seguridad y la privacidad de toda esa expresión personal. Es por eso que hoy presentamos un breve informe legal en apoyo a Apple en su conflicto con el FBI.
El foco de esta disputa es un iPhone bloqueado vinculado con Syed Rizwan Farook, uno de los terroristas detrás del ataque de San Bernardino. El FBI no puede desbloquear el iPhone sin ayuda técnica de Apple, así que consiguió una orden judicial que obliga a Apple a escribir un código iOS nuevo para crear otro ingreso al teléfono.
Eso significa que un juez federal insta al equipo técnico de Apple a hackear su propio software. Es la primera vez que un gobierno demuestra (y consigue) un poder tan radical como para dictaminar cómo las empresas privadas tienen que diseñar (o desarmar) sus propios productos.
Pero lo preocupante va más allá de la libertad de una empresa para fabricar sus productos. El verdadero peligro de esta normativa es la amenaza que representa para la seguridad de tu información y tus comunicaciones. La gente confía en que Snapchat envía su contenido de una manera que les permite sentir que pueden expresarse libremente. Si un juez de repente ordena que modifiquemos el diseño de nuestros productos a fin de conservar todos los Snaps que se envían, nuestro servicio no sería el mismo. Es por eso que apoyamos a Apple.
Queremos que quede bien claro que repudiamos la maldad indescriptible que se cometió en San Bernardino y extendemos nuestras infinitas condolencias a las víctimas y sus familias. Snapchat no tiene ningún miramiento hacia los terroristas ni ningún otro criminal. Y lo demostramos cooperando con las fuerzas de seguridad cuando recibimos solicitudes legales de asistencia. Solo durante los seis primeros meses de 2015, procesamos más de 750 citaciones, órdenes judiciales, órdenes de allanamiento y otras solicitudes legales. Podés encontrar todos los detalles en nuestro informe de transparencia.
Pero hay una gran diferencia entre darle información que tenemos al gobierno y tener que rediseñar nuestros productos para permitir un acceso que actualmente nadie tiene. Si un juez puede obligar a Apple a crear otro ingreso a su teléfono, otro juez podría hacernos infringir nuestras protecciones de datos.
Hay otra cosa que nos molesta sobre este fallo. El único fundamento que pudo usar el gobierno para este nuevo poder expansivo fue un estatuto que se aprobó en 1789. No es un error. El único justificativo de la audaz oferta del gobierno para eludir el proceso democrático es una ley escrita hace más de 220 años por el primer Congreso, un cuerpo de legisladores que es muy poco probable que imaginaran los teléfonos, mucho menos los smartphones.
Hay un debate que es importante nos demos como país sobre cómo equilibrar los innegablemente importantes intereses relacionados con la seguridad nacional con los igualmente importantes intereses vinculados con la privacidad y la seguridad de la información personal. Nos abrimos a esta conversación. Pero debería darse como se dan estas charlas: a través de intercambios democráticos frente al Congreso. Permitir que un juez les imponga mandatos nuevos radicales a las empresas tecnológicas no es la manera correcta de resolver estos importantes debates.
Es hora de que los legisladores, las empresas y los consumidores tengan una charla honesta sobre si el gobierno debería poder decirles a las empresas cómo diseñar sus productos.
Evan Spiegel