Más de 100 millones de personas usan Snapchat cada día porque se sienten libres para divertirse y expresarse. Nos tomamos en serio la seguridad y la privacidad de toda esa libertad de expresión. Por eso hemos presentado hoy un informe legal apoyando a Apple en su disputa con el FBI.
En el centro de esta controversia hay un iPhone bloqueado vinculado a Syed Rizwan Farook, uno de los terroristas involucrado en el atentado de San Bernardino. El FBI no puede desbloquear el iPhone sin la ayuda de los ingenieros de Apple, por lo que consiguió una orden judicial que exigía a Apple escribir un nuevo código de iOS para crear una «puerta trasera» para acceder al teléfono.
Esto significa que un solo juez federal ha forzado a los ingenieros de Apple para que hackeen su propio software. Nunca antes el gobierno había facultado, y mucho menos concedido, un poder tan amplio para dictar cómo las empresas privadas deben diseñar (o desmantelar) sus propios productos.
Pero las preocupaciones al respecto superan con creces la libertad de cualquier empresa para desarrollar sus productos. El verdadero peligro de esta decisión es la amenaza que supone para la seguridad de tu información y comunicaciones. Aquí en Snapchat, la gente confía en que enviemos su contenido de manera que les ayude a sentirse libres de ser ellos mismos. Si un tribunal nos pidiera de repente que rediseñáramos nuestros productos para conservar cada Snap que se envía, nuestro servicio no sería el mismo. Por eso apoyamos a Apple.
Queremos dejar muy claro que condenamos las atrocidades cometidas en San Bernardino, y ofrecemos nuestro más sincero pésame a las víctimas y a sus familias. Snapchat no tiene ninguna simpatía hacia terroristas ni hacia ningún otro criminal. Y lo demostramos cooperando con las autoridades cuando recibimos solicitudes legales de colaboración. Durante los primeros seis meses de 2015, procesamos más de 750 citaciones, órdenes judiciales, órdenes de registro y otras peticiones legales. Puedes ver todos los detalles en nuestro informe de transparencia.
Pero hay una gran diferencia entre brindar al gobierno la información que tenemos y ser obligados a rediseñar nuestros productos para permitir un acceso que nadie tiene actualmente. Si un juez puede obligar a Apple a crear una puerta trasera para su teléfono, otro juez podría hacernos violar nuestras protecciones de datos también.
Hay otra cosa que nos molesta mucho de este fallo. La única base con la que el gobierno pudo fundamentar este nuevo poder ampliado fue un estatuto aprobado en 1789. No, no es una errata. Una ley escrita hace más de 220 años por el primer Congreso, un conjunto de legisladores que apenas podía imaginar los teléfonos, y mucho menos los teléfonos inteligentes, es la única justificación para el osado intento del gobierno de eludir el proceso democrático.
Hay una conversación importante que necesitamos tener como nación sobre cómo equilibrar los intereses innegablemente importantes de la seguridad nacional con los intereses igualmente importantes de preservar la privacidad y la seguridad de la información personal. Estamos abiertos a tener esa conversación. Pero es un debate que debería realizarse como suelen hacerse estas cosas: a través de intercambios democráticos ante el Congreso. Permitir que un solo juez imponga nuevos y radicales mandatos a las empresas tecnológicas no es la forma correcta de resolver estos temas tan importantes .
Ya es hora de que los legisladores, las empresas y los consumidores tengan una conversación honesta sobre si el gobierno debe ser capaz de decirle a las empresas cómo deben diseñar sus productos.
Evan Spiegel