Más de 100 millones de personas usan Snapchat todos los días porque se sienten libres de divertirse y expresarse. Nos tomamos en serio la seguridad y la privacidad de toda esa expresión personal. Por eso, hoy presentamos un informe legal apoyando a Apple en su disputa con el FBI.
El centro de esta disputa es un iPhone bloqueado vinculado a Syed Rizwan Farook, uno de los terroristas detrás del atentado de San Bernardino. El FBI no puede desbloquear el iPhone sin ayuda técnica de Apple, por lo que esta recibió una orden judicial que le exige escribir un nuevo código de iOS para crear una “puerta trasera” para acceder al teléfono.
Eso significa que un solo juez federal ha reclutado a los ingenieros de Apple para hackear su propio software. Nunca antes el gobierno ha ejercido (mucho menos concedido) tal control para ordenar cómo las empresas privadas deben diseñar (o desmantelar) sus propios productos.
Pero las preocupaciones aquí van mucho más allá de la libertad que tenga cualquier empresa para diseñar sus productos. El peligro real de esta decisión es la amenaza que representa para la seguridad de tu información y las comunicaciones. Aquí en Snapchat, las personas confían en nosotros para enviar su contenido de una manera que las ayude a sentirse libres de ser ellas mismas. Si una corte exigiera de repente que rediseñáramos nuestros productos para preservar cada uno de los Snaps enviados, nuestro servicio no sería el mismo. Por eso estamos del lado de Apple.
Queremos dejar claro que repudiamos el daño indescriptible cometido en San Bernardino y manifestar nuestras sinceras condolencias a las víctimas y sus familias. Snapchat no tiene ninguna consideración hacia los terroristas ni hacia ningún otro delincuente. Y lo demostramos cooperando con las fuerzas del orden cuando recibimos solicitudes legales de ayuda. Solo en los primeros seis meses de 2015, procesamos más de 750 citaciones, órdenes judiciales, órdenes de registro y otras solicitudes legales. Puedes encontrar todos los detalles en nuestro informe de transparencia.
Pero hay una gran diferencia entre dar información que tenemos al gobierno y vernos obligados a rediseñar nuestros productos para permitir un acceso que nadie tiene actualmente. Si un juez puede obligar a Apple a crear una puerta trasera para acceder a su teléfono, otro juez también podría hacernos violar nuestras protecciones de datos.
Hay algo más que realmente nos molesta acerca de esta decisión. El único fundamento que encontró el gobierno para ampliar este nuevo poder fue un estatuto que se aprobó en 1789. No, no es un error de tipeo. Una ley redactada hace más de 220 años por el primer Congreso (un grupo de legisladores que apenas podrían imaginarse la existencia de los teléfonos, mucho menos de los teléfonos inteligentes) es la única justificación del audaz intento del gobierno de eludir el proceso democrático.
Debemos entablar un importante debate, como nación, sobre cómo equilibrar los indudablemente importantes intereses de la seguridad nacional con los igualmente importantes intereses de preservar la privacidad y la seguridad de la información personal. Estamos abiertos a tener ese debate. Pero debe llevarse a cabo en la forma en que estas cosas se suelen tratar: a través de intercambios democráticos ante el Congreso. Permitir que un solo juez imponga nuevos mandatos radicales a las empresas tecnológicas no es la forma correcta de resolver estos importantes debates.
Es hora de que los legisladores, las empresas y los consumidores tengan una conversación honesta sobre si el gobierno debería poder indicarles a las empresas cómo diseñar sus productos.
Evan Spiegel