Más de 100 millones de personas usan Snapchat cada día porque se sienten libres de divertirse y expresarse. Nos tomamos muy en serio la seguridad y la privacidad que toda esa expresión personal conlleva. Por eso presentamos escritos legales para respaldar a Apple en su disputa con el FBI.
En el centro de esta disputa se encuentra un iPhone bloqueado, que está vinculado a Syed Rizwan Farook, uno de los terroristas detrás del atentado en San Bernardino. El FBI no puede desbloquear el iPhone sin asistencia de los ingenieros de Apple, por lo que obtuvo una orden judicial que exige que Apple programe un código nuevo para iOS para así crear una "puerta trasera" y acceder al teléfono.
Eso significa que un solo juez federal obligó a los ingenieros de Apple a hackear su propio software. Hasta ahora el gobierno jamás ratificó (mucho menos, concedió) un poder tan amplio para dictar el modo en que las empresas deben diseñar (o desmantelar) sus propios productos.
Pero lo preocupante en este caso va mucho más allá de la libertad de una empresa para desarrollar sus productos. El verdadero peligro de esta resolución es la amenaza que significa para la seguridad de tu información y comunicaciones. En nuestro caso, las personas confían en Snapchat para que enviemos su contenido de un modo que les permita sentirse libres de expresarse. Si de pronto una corte nos exigiera que rediseñáramos nuestros productos para conservar cada Snap que se envía, nuestro servicio no sería el mismo. Por ese motivo respaldamos a Apple.
Queremos dejar muy claro que repudiamos las atrocidades llevadas a cabo en San Bernardino y expresamos nuestras más profundas condolencias a las víctimas y sus familias. Snapchat no tiene ningún tipo de consideraciones con los terroristas ni con otros criminales. Lo demostramos al cooperar con las autoridades cuando recibimos solicitudes legítimas de colaboración. Durante los primeros seis meses de 2015, procesamos más de 750 citaciones, órdenes judiciales, órdenes de allanamiento y otras solicitudes jurídicas. Los detalles pueden verse en nuestro informe de transparencia.
Pero existe una gran diferencia entre darle al gobierno información que tenemos y ser obligados a cambiar el diseño de nuestros productos para permitir un acceso que actualmente nadie tiene. Si un juez puede forzar a Apple a crear una puerta trasera a su teléfono, otro juez podría hacer que quebrantemos nuestras protecciones de datos del mismo modo.
Hay otra cosa que nos molesta mucho sobre este fallo. El único fundamento que encontró el gobierno para justificar este nuevo poder amplio fue un estatuto que se aprobó en 1789. No, no es un error de tipeo. Una ley escrita hace más de 220 años por el primer Congreso (un cuerpo legislativo que apenas podría imaginarse los teléfonos y mucho menos los smartphones) es la única justificación del gobierno para su osado intento de eludir el proceso democrático.
Como miembros de una nación, debemos entablar un debate crucial sobre cómo equilibrar los intereses innegablemente importantes de la seguridad nacional y los intereses igualmente importantes de preservar la privacidad y la seguridad de la información personal. Estamos abiertos a tener ese debate. Pero debe llevarse a cabo en la forma en que estas cosas se suelen tratar: a través de intercambios democráticos ante el Congreso. Permitir que un solo juez imponga nuevos mandatos radicales sobre las empresas de tecnología no es la forma adecuada de resolver estos debates cruciales.
Es hora de que los legisladores, las empresas y los consumidores tengan una charla honesta sobre si el gobierno debería ser capaz de decirles a las empresas cómo diseñar sus productos.
Evan Spiegel